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 10   JUL

La LOTUP... ¿una amenaza para los propietarios de solares urbanos?

Desempolvan los art.179 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Una empresa revoluciona el urbanismo en la Comunidad Valenciana al desempolvar una norma que permite edificar en suelo urbano ocioso de otro propietario.
Se trata de Grupo Siso, acrónimo de Sociedad Impulsora de Solares Ociosos. Al calor de la reactivación inmobiliaria, la mercantil ha desempolvado una ley autonómica aprobada por el PP en 2014, pero nunca usada hasta ahora, que permite construir en un solar ajeno que lleve seis años inactivo sin permiso de sus dueños. Grupo Siso ha puesto en marcha el procedimiento, que guarda cierta similitud con la expropiación, en cinco valiosos solares de la tercera ciudad de España y también en otras dos parcelas de Dénia y Calpe.
El primer solar en el que Grupo Siso ha pedido construir es también el más caro. Se trata de una parcela cercada en la calle Russafa de Valencia, muy cerca de la plaza del Ayuntamiento. En abril de este año Grupo Siso aportó al Consistorio la documentación registral que acredita que los dueños incumplen la obligación legal de construir. La última prórroga municipal para que los propietarios solicitasen la licencia de edificación expiró en junio de 2010.

Grupo Siso presentó en el mismo acto al Ayuntamiento su proyecto para construir en el lugar 14 viviendas. El Consistorio avisó a los dueños y les dio un plazo improrrogable de tres meses para solicitar el permiso de obra. Si no lo hacen, Grupo Siso ejecutará su proyecto amparado por la ley. Se quedará con una parte de los beneficios que genere la promoción inmobiliaria y entregará otra parte a los dueños del solar, bien en dinero o bien en viviendas.

La propuesta de reparto de las ganancias la hará Grupo Siso, aunque el Ayuntamiento tiene la obligación de supervisar que esta sea razonable. Los propietarios tienen derecho, como en todo procedimiento administrativo, a presentar alegaciones y recursos. Una vez comenzado el proceso, otra empresa puede plantear un proyecto para el mismo solar. Pero la normativa recoge que el Ayuntamiento “valorará”, a la hora de elegir entre las alternativas, el hecho de haber sido quien ha iniciado el procedimiento.

Se da la paradoja de que la familia Montoro, dueña del solar de la calle Russafa, hizo fortuna con el negocio promotor. El patriarca, Miguel Montoro, falleció en 2016 después de haber levantado enormes edificios en la ciudad de Valencia, como los centros comerciales Aqua y Arena. La familia ha declinado ofrecer su versión de los hechos.

Grupo Siso se constituyó el 31 de enero. Pero sus socios tienen una larga trayectoria en el negocio inmobiliario, según ha publicado Valenciaplaza. “El sector inmobiliario es uno de los pocos que apenas ha evolucionado y esta vía de negocio viene de un proceso largo de investigación. Si hasta ahora se ha utilizado poco es por el desconocimiento que había de la ley. Y no tanto porque no se supiese de su existencia, sino de cómo se debía aplicar”, afirma Miguel Ángel Santos, uno de los socios y en la práctica director de la empresa, a preguntas de este diario. “¿Por qué deben aguantar los vecinos de un solar que sea un nido de ratas y basura? ¿O la visión de una estructura a medio construir?”, añade.

La sociedad ha puesto en marcha el procedimiento en cinco solares céntricos de Valencia y en dos parcelas junto al mar en Dénia y Calpe. Pero en su web anuncia que piensa extender la práctica al resto de grandes municipios valencianos, desde Castellón a Benidorm, así como a pequeños pueblos de alto valor inmobiliario, como Xàbia y Godella.

Inquietud empresarial

La iniciativa genera inquietud en el ámbito empresarial. “Ventajas no le veo ninguna, más allá de que no proliferen solares con fines especulativos y con incumplimiento del planeamiento urbanístico. Entre los riesgos que plantea está la judicialización, la apertura de expedientes sobre solares cuyos propietarios no han edificado por causas justificadas y la valoración económica de la expropiación. El propietario debe poder defender sus intereses legítimos, entre ellos el de la propiedad privada”, afirma Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana.

El Ayuntamiento de Valencia lo ve, en cambio, con buenos ojos. “Es un instrumento válido para evitar vacíos urbanos en zonas consolidadas”, afirma el socialista Vicent Sarrià, concejal de Urbanismo. Sarrià cree que la herramienta ha empezado a utilizarse porque el Consistorio ha anunciado que la revisión del plan general de la ciudad no incluirá nuevos sectores urbanizables. “En tales condiciones se ha despertado en el mercado el interés por los vacíos urbanos”.

Valencia ha acordado declarar como zonas preferentes para el uso de este procedimiento el centro histórico y otras áreas consolidadas de la ciudad. La Generalitat prepara la reforma de la Ley del Suelo, que no eliminará esta posibilidad, sino que potenciará su uso en la vertiente de la rehabilitación y puesta en el mercado de aquellos edificios de viviendas que sus dueños mantienen tapiados más de seis años.

Extraño procedimiento, pero legal:

Por extraño que parezca, el procedimiento al que se acoge el Grupo Siso es totalmente legal. La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) impulsada en 2014 incorporó esta peculiar herramienta para "la declaración del incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar" transcurridos 6 años sin que los dueños desarrollen sus inmuebles.

La medida se introdujo con el doble objetivo de evitar la compraventa especulativa -la retención de solares de los núcleos urbanos hasta una eventual subida de precios- y, en consecuencia, para evitar también el encarecimiento de los activos provocado por esta oferta cautiva. Según recoge la norma, la mencionada declaración de incumplimiento "podrá iniciarse a instancias de particular ante la administración actuante, que deberá reunir los requisitos sustantivos y documentales".

El modus operandi de Grupo Siso consiste precisamente en esto, en seleccionar solares parados de su interés e instar a la administración local a que declare -tras el preceptivo plazo de exposición al público- el incumplimiento del deber de edificar por parte de los propietarios.

En caso de lograr tal declaración, el ayuntamiento autorizaría un "procedimiento de ejecución sustitutiva", que consiste en inscribir el solar en su registro municipal de 'solares y edificios a rehabilitar' y proceder a su expropiación. Los gastos corren a cargo de la empresa que inicia el procedimiento, que queda finalmente autorizada a promover el solar.


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